Resumen: La sociedad reconoce que está incursa en causa de disolución por pérdidas cualificadas desde diciembre 2019. Sin embargo alega que los deberes disolutorios no se computan desde el 31 de diciembre de 2019, sino desde que se aprueban cuentas, y que este se amplió a consecuencia de la Covid-19 al 30 de octubre del 2020. La Audiencia rechaza esta defensa puesto que la normativa especial COVID 19 lo que prevé es que no se tomarán en consideración las pérdidas del ejercicio 2020 (después ampliado al 2021) a efectos de determinar la causa legal de disolución por pérdidas cualificadas. Se trata de evitar excepcionalmente las consecuencias que tendría la aplicación de las normas generales sobre disolución de sociedades de capital, y permitir a las empresas ganar tiempo para poder reestructurar su deuda, conseguir liquidez y compensar pérdidas, ya sea por la recuperación de su actividad ordinaria o por el acceso al crédito o a las ayudas públicas, de modo que esas pérdidas de los ejercicios 2020 ( después ampliadas al 2021) quedan "encapsuladas " transitoriamente ( ahora ya hasta el ejercicio 2024 inclusive). Pero en lo que aquí interesa, a pesar de que el precepto se rubrica "suspensión de la causa de disolución ", no hay tal suspensión. Si la sociedad ya arrastraba pérdidas de ejercicios previos que la hacían incurrir en el supuesto del art 363.1 e) LSC subsisten los deberes previstos en los arts. 364 a 366 LSC y la consiguiente responsabilidad del art. 376 LSC.
Resumen: Frente a sentencia estimatoria del desahucio por precario, alegan los apelantes situación de especial vulnerabilidad al convivir con tres menores de edad y carecer de recursos económicos, que son alegaciones que no pueden modificar el pronunciamiento de la sentencia, pudiendo ser valoradas en ejecución. Según la normativa, la valoración de las circunstancias relativas a la situación económica de las demandadas o el riesgo de exclusión social puede valorarse en el proceso de ejecución en relación al lanzamiento, pero no en el procedimiento en el que se valora si existe o no la situación de precario objeto del mismo.
